La batalla judicial por el galeón español San José, hundido por corsarios ingleses cerca de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, acaba de sumar un nuevo capítulo. Un tribunal de Barranquilla ordenó el embargo o «secuestro» del tesoro que llevaba la embarcación, que hoy se encuentra a 600 metros de profundidad en el Caribe colombiano. La decisión fue en respuesta a la apelación de la compañía estadounidense Sea Search Armada (SSA) que reclama los derechos sobre el 50% de la carga.
Estos derechos le fueron reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 5 de julio de 2007 al considerarla como descubridora de los posibles restos del galeón en 1982.
Los cañones del San José, en una imagen tomada por la expedición que registró fotos de sus restos en 2015. (AP)
El nuevo fallo del Tribunal Superior de Barranquilla busca garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema. En estas mismas áreas otra empresa encontró y registró imágenes del galeón en 2015, pero para SSA se trata del mismo naufragio.
El galeón, que tenía 62 cañones y tres mástiles, se hundió el 8 de junio de 1708 con un cargamento de oro, plata y esmeraldas en sus bodegas, durante una batalla con navíos británicos en la Guerra de Sucesión española. El tesoro está cotizado en unos 17.000 millones de dólares.
Imágenes del operativo de búsqueda y el hallazgo del galeón San José, hundido hace más de 300 años frente a las costas de Colombia. (Woods Hole Oceanographic Institution)
Su búsqueda se convirtió en una obsesión para los cazadores de tesoros y muchos lo consideraron «el Santo Grial de los naufragios».
Sea Search Armada había reclamado en 1989 «el 100 por ciento de los bienes de valor económico, histórico, cultural o científico que tuvieran la calidad de tesoros para el caso de lo que se encontrara en la plataforma continental» o dentro de las coordenadas que habían quedado consignadas en un reporte confidencial de 1982.
Cinco años después, un juez de Barranquilla le dio la razón a medias: determinó que los tesoros corresponderían en un 50% a Colombia y en otro 50% a la compañía estadounidense.
En 2015 la historia tuvo un nuevo giro. El 4 de diciembre el anterior presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció el hallazgo de los restos del galeón San José. El operativo estuvo a cargo de la empresa Maritime Archaeology Consultants (MAC). Por entonces el Gobierno colombiano puso en marcha una licitación con empresas extranjeras para extraer el pecio del fondo del mar, que fue pospuesta en múltiples oportunidades y hasta ahora no se concretó. MAC es la principal aspirante a realizar el rescate de la carga.
El operativo tenía un incentivo millonario: la licitación preveía un porcentaje de la valiosa carga de metales preciosos que llevaba el navío como parte de pago por ese trabajo.
Imágenes del operativo de búsqueda y el hallazgo del galeón San José de 2015. (Woods Hole Oceanographic Institution)
En aquel momento, también el gobierno de España entró en la disputa del tesoro y le solicitó al de Colombia “información precisa” sobre el hallazgo del San José y la legislación en la que fundamenta la intervención sobre un pecio español. No hubo hasta ahora reclamos oficiales sobre la propiedad del naufragio, pero tampoco hubo avances concretos para firmar un acuerdo de cómo gestionar sus bienes.
Cruces por el rescate
El proyecto de Santos de rescatar la carga y entregar una parte de una empresa cazatesoros abrió no sólo conflicto con la SSA, sino también con sus sucesores.
El Gobierno del actual presidente Iván Duque postergó en varias ocasiones los plazos para la contratación de la empresa que recuperará el galeón, el más reciente de los cuales venció el pasado 10 de marzo.
La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró este lunes que el Gobierno no permitirá que el tesoro del galeón acabe en anticuarios del mundo.
Imágenes del operativo de búsqueda y el hallazgo del galeón San José. (Woods Hole Oceanographic Institution)
«Nuestra historia y el legado de nuestros antepasados no terminará convertido en bienes para negociar por anticuarios, coleccionistas ni cazatesoros del mundo entero«, afirmó Ramírez en Bogotá.
La vicepresidenta añadió que la Constitución colombiana «impone el compromiso de defender el patrimonio de todos los colombianos y el Gobierno del presidente Iván Duque no ahorrará esfuerzos en esta labor».
Colombia cuenta con una Ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto «proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido».
Según dicha ley forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas «las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio».
Esa ley recoge sin embargo que «no se considerarán patrimonio cultural sumergido» las «cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas», así como los «bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes».
Además incluye la posibilidad de hacer una alianza público-privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de «hasta el 50% del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación».
El San José, cargado de oro del virreinato de la Nueva Granada, plata de Perú y piedras preciosas, se fue a pique el 8 de junio de 1708 tras ser alcanzado por cañonazos de corsarios ingleses.
Fuentes: EFE, El Espectador, La Vanguardia y DPA