La ONG Argentinos por la Educación presentó en el ex-CCK un documento que sintetiza diez desafíos prioritarios para la agenda educativa nacional y propuestas de políticas públicas para alcanzarlos, que contó con el apoyo del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.
“Así como la Campaña por la Alfabetización que Argentinos impulsó y contribuyó tanto para avances que se están dando actualmente, auguro lo mismo para este Acuerdo por la Educación que nosotros también lo incorporamos al incluir una perspectiva de prioridades”, dijo el funcionario.
En primer lugar, el documento señala las urgencias de cada nivel educativo. Allí plantean ampliar la cobertura del nivel inicial –mediante dos propuestas: universalizar la oferta desde la sala de tres años y ampliar el acceso a jardines maternales de calidad desde los 45 días a los dos años–; priorizar la alfabetización inicial en el nivel primario y acompañar las trayectorias en el nivel secundario y lograr terminalidad con calidad.
La segunda dimensión se refiere a la gestión a escala del sistema, en donde trazaron cuatro desafíos. Para fortalecer el gobierno de la educación proponen, entre otras cuestiones, construir y visibilizar metas educativas. Para lograr una inversión suficiente y de calidad plantean asegurar el piso de inversión del 6% del PIB en educación obligatoria incrementando la participación nacional; mejorar la eficacia y la eficiencia de la inversión educativa a través del monitoreo público de indicadores para potenciar la asignación de recursos y fortalecer la coordinación bilateral entre la Nación y las provincias.
Plantean también como un desafío producir más y mejor información y evaluación educativa: fortalecer la institucionalización de la política de evaluación como política de Estado. Para eso, entre otras cosas, proponen consolidar un sistema de información educativo nominal a nivel nacional que permita contar con información precisa, oportuna y relevante y acordar e institucionalizar una política de evaluación nacional educativa a 10 años. Hoy no está institucionalizada la evaluación, un gobierno podría decidir, por ejemplo, interrumpir las pruebas Aprender. Y potenciar la formación, la carrera y el salario de los docentes, para lo cual, entre otras propuestas mencionan planificar la oferta de formación en relación con las demandas de los niveles obligatorios con información suficiente y oportuna.
La tercera dimensión está centrada en la transformación de las escuela para lo cual proponen robustecer los tiempos, los espacios y las condiciones para el aprendizaje; mejorar la gestión escolar, y priorizar contenidos curriculares socialmente relevantes. Para eso, entre otras propuestas mencionan implementar la contabilidad de las horas y los días de clase por escuela, año de estudio, sección y asignatura planteándose la meta de alcanzar al menos 180 días de clase tanto en escuelas de gestión estatal como privada y extender la jornada escolar, especialmente en contextos más vulnerables. Como así también implementar una carrera directiva y de supervisión, evitar la sobrecarga de demandas administrativas sobre los equipos escolares mejorando los sistemas de información y su impacto. Y revisar y actualizar periódicamente los diseños curriculares para la formación en áreas clave de la educación digital.
Proyectos
“Nuestro deseo es que el diálogo sobre este acuerdo, se convierta en esa conversación abierta que nos permita alcanzar los resultados que anhelamos”, afirmó Torrendell y también adelantó que el Ejecutivo enviará pronto un proyecto de ley para fortalecer la evaluación y la información educativa del sistema “junto con pautas básicas para mejorar la carrera docente y otras reformas que intentan promover una educación para todos, en libertad y con excelencia”.
“Además, tenemos que renovar nuestra escuela secundaria, la formación docente y la relación entre educación y trabajo, junto con un nuevo financiamiento inteligente que convierta la mala inversión en buena inversión educativa”, indicó.
El secretario de Educación no se refirió, sin embargo, a otros niveles educativos. A un día de la sesión que ahora peligra, en la que estaba prevista la sanción de la ley de financiamiento universitario, el funcionario consideró “legítimo” el reclamo, pero apuntó que también está de acuerdo con la prioridad del equilibrio fiscal por el que Javier Milei ya adelantó que vetaría la ley, al igual que la que buscaba actualizar las jubilaciones.
“Los reclamos son legítimos, vamos a ir progresivamente mejorando esa situación, pero en el medio no nos podemos paralizar. Esa es la cuestión clave. El Presidente ha señalado precisamente que no puede permitir ningún gasto, o ninguna inversión, en este caso educativa, que no tenga el respaldo de qué fuente viene porque lo que se quiere mantener es el equilibrio fiscal, que permita que se gaste solo lo que ingrese. También estamos de acuerdo con que hay que ir recomponiendo los salarios progresivamente en la medida que se pueda, pero lo central, insisto, es que una cosa no nos tape la otra y no simplemente por estrategias, sino porque lo fundamental es que nuestros chicos aprendan a leer y escribir bien. No van a llegar a la universidad, si no aprenden a escribir bien”, dijo Torrendell.
Firmas
A través de un firma simbólica, también apoyaron la iniciativa siete gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), y Alberto Weretilneck (Río Negro). Sin embargo, el acuerdo no es vinculante y no implica su implementación.
“El problema es que a los políticos no les importa la educación”, dijo Mariano Narodowski, académico asociado al Observatorio de Argentinos por la Educación y exministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Y agregó: “Es a ustedes, a la dirigencia política, empresaria, a los que están en las primeras filas, a la dirigencia sindical es a las que les toca llevar esto adelante”.
“El acuerdo significa una oportunidad para que demos vuelta la página, que tratemos de trabajar de una manera colectiva para buscar una especie de nuevo sueño”, señaló Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación. Y completó que es una “invitación” para “tener la audacia de dejar esta pesadilla atrás” y animarse “al sueño de tener una educación de calidad”.
A su vez, explicó que el acuerdo consiste en una mirada sistémica sobre la educación obligatoria que propone prioridades y recomendaciones y es “una conversación abierta”. “Queremos que de alguna manera sea un punto de partida que nos permita tener conversaciones más profundas”, explicó.
“Para obtener mejoras en la educación necesitamos un camino, pero un camino que nos permita pasar los tiempos electorales. Y sobre todo, lo que al principio nos parecía más difícil, que todas las visiones pudieran acordarlas para que pudiéramos sentir que traspasábamos la línea para lograr una política de largo plazo. Esperamos que trascienda a una política de Estado, que trascienda a los cambios de gobierno. Tenemos que lograr que estas 10 prioridades se transformen en políticas públicas”, afirmó Ricardo Torres, presidente de Argentinos por la Educación.
El documento surge de un proceso de consultas por medio de entrevistas y mesas de trabajo en las que participaron más de 200 personas de diversos perfiles –referentes educativos, funcionarios, dirigentes sociales, sindicalistas, legisladores, exministros, religiosos y empresarios– junto con la revisión de la bibliografía existente y de los informes del Observatorio de Argentinos por la Educación, un proyecto liderado por Agustina Lenzi junto con Victoria Volman.
Además de referentes de la educación asistieron al evento que condujo la periodista Tatiana Schapiro que se realizó en el ex-CCK, el senador Eduardo “Wado” de Pedro (Unión Por la Patria); los diputados nacionales Sabrina Ajmechet (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica); el legislador porteño Ramiro Marra; once ministros de educación provinciales; el dirigente sindical Facundo Moyano; la especialista en educación Guillermina Tiramonti y el presidente de AMIA, Amos Linetzky.
Fuente: Lucila Marin, La Nación